Organizaciones pro derechos de niños piden archivo de proyecto de Código para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes



Más de 50 organizaciones y personas que trabajan por los derechos de los chicos mostraron su preocupación ante el Proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. La propuesta pasó el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, el pasado miércoles 24 de junio del 2020.

En su carta, que se entregará hasta el martes 18 de agosto del 2020 en el Legislativo, se destacan 13 faltantes que no han sido incluidas en esta norma. Por ejemplo, está la poca participación activa de los chicos en la elaboración de este documento; tampoco se incluye un mecanismo para ello.

En varias partes del texto -según el comunicado- se habla de la igualdad o no discriminación, pero no se apela al principio de protección integral del niño o adolescente. Sin olvidar que se desconoce el tema de la familia diversa, es decir, donde hay personas con discapacidad, homoparentales o lesbomaternales, monoparentales y demás.

Otro de los puntos que destacan las agrupaciones es el desconocimiento de las recomendaciones de los organismos internacionales que establecen la despenalización del aborto en caso de violación, principalmente, en niñas y adolescentes. “El Estado sigue obligándoles a sostener embarazos y maternidades forzadas”, explicó Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito.

La brecha entre los derechos establecidos en las reformas y la dura realidad que viven miles de niños, niñas y adolescentes en el país es enorme! Las reformas al CONA no acortan ni mejoran esta realidad. #ArchivoReformasCONA #ComisiónNiñez

— Sybel Martinez (@sybelmartinez) August 14, 2020

Ella señala que los discursos sobre frenar la violencia en las niñas o la diversidad se quedó en el “mero discurso”. “¿Qué pasa con las chicas que son víctimas de incesto? No hay una protección integral a ellas ni tampoco se recogen todas las necesidades; dado el contexto actual”.

Sobre las madres y padres separados se pretende determinar figuras legales para “imponer o disponer” que lleguen a acuerdos sin tomar en cuenta los contextos de violencia de género e intrafamiliar que han vivido, como la figura de la custodia compartida impuesta. Tampoco se incluyó en la norma los tipos de adopción y las garantías para que los chicos institucionalizados puedan reinsertarse a un hogar definitivo.

Otra de las omisiones está relacionada con la restitución del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia y su órgano rector autónomo de política pública. “Por estos y otros temas pedimos el archivo de la propuesta actual para generar una reforma que responsa a los intereses y necesidades de ellos, es decir, algo integral”, afirma Martínez.

Adicionalmente, preocupa que se señale que una “responsabilidad compartida”. Esto implicaría que se relativiza la responsabilidad del Estado de garantizar las medidas necesarias para la garantía, protección y respeto de los derechos.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que la legislación en materia de derechos humanos obliga a los Estados como “primer titular de obligaciones en virtud del derecho internacional y no puede revocar su deber”, por lo que no corresponde compartirlo solidaria, colaborativa ni corresponsablemente con otros actores, se menciona en el documento.

Entre los temas más debatidos de esta propuesta está la figura de las pensiones alimenticias, la cual pasará llamarse régimen de protección económico. Este podría extenderse hasta los 24 años, en caso de que se compruebe que el joven esté cursando sus estudios. Además, está el incremento de la edad mínima de 12 a 14 años a efectos de establecer responsabilidad penal; obligaciones y deberes de los progenitores y de las personas encargadas del cuidado de niños y adolescentes, patria potestad, tenencia y régimen de visitas.