Ejecutivo vetó totalmente el Código de la Salud; Legislativo deberá esperar un año para tratarlo



Este viernes 25 de septiembre del 2020, el presidente de la República, Lenín Moreno, objetó totalmente el proyecto de Ley de Código de la Salud, que le remitiera la Asamblea el 27 de agosto. Por lo que recién podría ser tramitado otra vez por el Legislativo en un año.

«El COS contiene un extenso desarrollo de temas de índole técnico en materia de salud que adolece de imprecisiones, de definiciones erróneas y una estructura del sistema de salud poco clara en competencias y responsabilidades, carece de una verdadera actualización en cuanto a enfoque y contenidos acorde a requerimientos de la sociedad y el mundo», dijo Johana Pesántez, secretaria Jurídica de Carondelet.

Consultada en torno a si las presiones de grupos religiosos en contra de las atenciones a las emergencias obstétricas, que garantizaba el articulado, dieron lugar al veto, Pesántez aseguró «estamos en un estado laico y tal como lo dice la Constitución así debe actuarse, ha sido un tema técnico y profesional, que corresponde con lo que el Ministro y Viceministro han explicado, no tiene que ver con temas de presiones, es un trabajo técnico y profesional, como corresponde que el Ministerio de Salud y la Secretaría Jurídica por cualquier tema».

Además reiteró que el artículo 138 de la Constitución dice que si la Presidencia objeta totalmente el proyecto, la Asamblea podrá volver a considerarlo luego de un año contado a partir de la fecha de la objeción.

Según Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud, uno de los problemas del proyecto es que no trae ningún articulado sobre cómo actuar ante una pandemia, por ejemplo la que vive el mundo, del covid-19. «No tiene nada sobre la vigilancia epidemiológica que requiere una pandemia, vigilancia genómica para saber cómo cambia un virus; tampoco incluye lo que hemos sufrido estrés, suicidios, violencia doméstica, más violaciones».

Zevallos también sostuvo que el Código de la Salud imposibilita la práctica médica, «al crear 172 sanciones administrativas, para los profesionales de la salud, tanto a nivel público como privado, generaría un altísimo costo y prácticamente tendríamos que entrar con un abogado a cada consulta médica. Y se afectaría la independencia del IESS, que es de los afiliados y no tiene recursos públicos y este código objeta esa independencia».